Un secreto profesional a voces
José Manuel Fernández [Periodista] 
Curiosamente, han coincidido en el tiempo, más o menos, el fallido trámite de regulación del secreto profesional de los periodistas, elaborado por el Gobierno conforme al mandato que establece la Constitución Española, y el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, en el que el testimonio de varios periodistas ha puesto en evidencia la instrumentalización que se puede hacer del secreto profesional, cuando se esgrime con un interés distinto al informativo. Y creo, sinceramente, que todo ha resultado un esfuerzo baldío.
Siempre he defendido la necesidad de que, en toda noticia, debe quedar reflejada la fuente, como uno de los elementos relevantes de la información. Se trata, sin duda, de un dato clave para construir el relato, porque le añade un alto valor de credibilidad. Estamos hablando de periodismo.
Sin embargo, hemos visto estos días a varios periodistas pasar por los tribunales como testigos en un proceso contra el fiscal general, al que se acusa precisamente de revelación de secretos, desde una posición comprometida. En realidad, lo que se ha mostrado han sido informaciones contradictorias, porque los personajes han interpretado papeles que, supuestamente, no les correspondían. Uno, acusado de revelación de secretos, y sus testigos negándose a revelar la fuente, como ejercicio del secreto profesional. Un conflicto ajeno al periodismo.
El acusado ha presentado testigos que confirman su versión, pero sin el respaldo de una fuente fiable, lo cual pone en serias dudas su presumida inocencia. Faltaba el eslabón de la credibilidad. Además, todos los testigos se ciñeron a un mismo guion, aludiendo a un origen diverso de la información, es decir, fuentes distintas con una misma versión, que en ningún caso podían ser reveladas.
El problema real radica en el hecho de que, en este caso, señalar la fuente de los periodistas era lo mismo que señalar al verdadero culpable de la filtración, que no podía ser otro que un funcionario, porque de no serlo no existiría el delito. En uno u otro caso, la identidad del autor de la filtración siempre apuntaría en la misma dirección, con la gravedad de que, en el caso de la fiscalía general del Estado, el mando está jerarquizado y la responsabilidad final siempre recaería en la misma persona, el ya señalado fiscal general.
Me parece que los testigos de la defensa pretendiendo ayudar al amigo, en realidad han hecho un flaco favor a la causa en la que se encuentran embarcados, y que en nada enaltece a la profesión a la que dicen pertenecer.
Este hecho, sin embargo, no debe distraernos de la realidad, que no es otra que el uso torticero que a veces se hace de una facultad, el secreto profesional, cuyo objetivo nunca puede ser la excusa para ocultar la verdad, sino para defenderla de quienes quieren impedir que llegue a los ciudadanos sin interferencias.
