Estadística o censura 

José Manuel Fernández [Periodista] 

El 4 de enero del nuevo año, ha aparecido el cadáver de una mujer en la localidad jiennense de Quesada, en lo que constituye, según los medios de comunicación nacionales, el primer caso de violencia machista a contabilizar en 2026.

No hay mayor información policial o judicial que nos permita reconstruir la historia de los personajes que intervienen en la noticia. Aparte de la escueta información oficial, y siguiendo las pautas aplicadas para la elaboración de este tipo de informaciones en nuestro país, poco más podemos saber del suceso, salvo que las autoridades han decretado  varias jornadas de luto oficial y son los políticos los que hablan (y aparecen en la foto) sobre lo que la sociedad piensa al respecto. Todo pasa por el sesgo político.

Ocurre que, desde hace años, en la elaboración de las informaciones sobre violencia machista, los periodistas tienen muy difícil incluir datos más allá de la información oficial que facilita el organismo competente. Es decir, que se trata de una muerte violenta, a la que inmediatamente se adjudica la autoría de un hombre, y que la víctima se suma a la estadística de violencia contra la mujer, en un dato acumulativo que, al final de cada año, nos describe la magnitud del problema en nuestro país.

Hemos de señalar de entrada que, sin pretenderlo, se nos traslada a los periodistas la responsabilidad de contribuir con unos criterios políticos a la lucha contra la violencia de género, algo que no nos corresponde, ni seguramente compartimos aplicar de esa manera.

La responsabilidad de los periodistas no es otra ni va más allá que la de informar, es decir, trasladar a los ciudadanos los elementos necesarios (todos) de cada noticia, que les permita conocer y comprender la realidad de los hechos. Las decisiones políticas le corresponden al Gobierno, y a nosotros valorar el éxito o el fracaso de las mismas, no al revés.

En los sucesos de violencia machista que ahora leemos en la prensa, como digo, poco o nada se nos permite conocer de los hechos, convirtiendo a los protagonistas en fríos datos estadísticos. Nada sabemos de la víctima, de su historia ni entorno, del dolor de su familia, sus hijos, padres, hermanos o amigos. Todo su legado se reduce a un número, que la convertirá en cifra anónima, utilizada en una estrategia que la degrada o la desprecia aún más, después de la muerte. Parece como si el objetivo fuera olvidarla rápidamente.

El tema no es único, sino recurrente. Precisamente, hace unos días se estaba debatiendo la posibilidad de que, en las informaciones oficiales sobre delincuencia, se conozca la nacionalidad de los autores de los delitos, algo a lo que se opone el Gobierno, por razones que no explica con claridad, porque en cambio sí permite que se haga en los casos de País Vasco y Cataluña.

Recientemente, fue actualidad también el debate sobre la necesidad o no de controlar las informaciones sobre suicidios para valorar el formato de publicación, otro ejemplo sobre intervención en los medios de intereses ajenos a la información.

Por lo que se ve, los poderes públicos siempre desean asumir el control sobre informaciones que son susceptibles de interpretación política, o manipulación. Y la solución siempre viene acompañada de censura, algo inconcebible en una sociedad desarrollada como la nuestra.