Autocensura y autorregulación
José Manuel Fernández [Periodista] 
La mayoría de los periodistas veteranos coinciden con los teóricos de la comunicación en que la peor censura es la que se aplican los propios profesionales de los medios, porque contra ella no hay defensa posible y, además, resulta mucho más difícil de detectar para las audiencias. Podría definirse como una actitud temerosa o preventiva del periodista que limita su trabajo y condiciona su libertad a la hora de trabajar. El problema es que la autocensura resulta tan perniciosa como la censura política o que procede del poder, además de constituir una situación muy preocupante. Inciden en la autocensura razones de todo tipo: laborales, políticas, económicas, sociales. Es un factor importante la presión social y la que ejercen las propias empresas editoras, que a menudo anteponen los intereses económicos a la calidad de sus contenidos. El periodista se encuentra así entre la espada y la pared de un puesto de trabajo que no le permite la debida independencia, y debe someterse al criterio informativo que le dictan desde otras instancias, incluso desde su propia empresa. Sin ir muy lejos, la imposición de una agenda rígida al redactor, por parte de su jefe inmediato, algo que ocurre con demasiada frecuencia, le deja poco margen para ejercer su propio criterio. Se merma su libertad.
Desde luego, existen muchos instrumentos que tienden a doblegar la libertad del informador desde dentro de su hábitat. Los libros de estilo, que son documentos pactados por la redacción con la empresa para unificar criterios en el proceso de elaboración de las noticias, a veces sobre elementos puramente formales, finalmente no son tales y acaban por condicionar o matizar el contenido de algunas informaciones, las más comprometidas.
Y, por supuesto, son factores también de intromisión las presiones del poder, en forma de recomendaciones, circulares, mensajes y, en general, documentos con instrucciones para la elaboración de noticias sobre temática concreta y de interés político parcial. También se convierten en presiones, la reglamentación administrativa de ciertos contenidos audiovisuales o la crítica pública que trata de deslegitimar la función informativa si no está conectada con los intereses del que manda. Todo ello, hace merma en el periodista a la hora de escribir.
La autorregulación, en cambio, solo cabe entenderla como un instrumento de autodefensa, para garantizar la libertad y la objetividad del periodista y los medios, y cuando surge de una voluntad corporativa en las propias estructuras de la profesión. El colectivo se protege de esta manera de las influencias nocivas del exterior, corrigiendo sus errores antes de que éstos se conviertan en elementos de tensión que puedan entrometerse en la independencia de los medios o afecten a su funcionamiento ordinario.
Con ese propósito nació hace dos décadas la Comisión española de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, un instrumento que trata de dilucidar sobre posibles errores o conductas reprochables en el marco de los medios de comunicación social.
A diferencia de los tribunales de justicias, la Comisión de Quejas no impone sanciones ni menoscaba la libertad del periodista. Corrige conductas puntuales mediante el simple reproche, para que la elaboración de noticias esté sometida sólo al Código Deontológico de la Profesión, que es un decálogo universal para el periodista.
