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La Junta y el sector, en contra de la propuesta del Gobierno para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC

La consejería de Agricultura asegura que la reunión técnica celebrada en Madrid no despeja las dudas sobre el modelo que quiere implantar el Gobierno.

 

La Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias muestran su preocupación tras conocer, de manera extraoficial, la propuesta de acuerdo realizada por el Ministerio de Agricultura para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, que España presentará en la Comisión Europea para su aprobación.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha mostrado su negativa a la propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) planteada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la reunión técnica celebrada en Madrid. El secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, considera que el planteamiento del Gobierno no despeja dudas sobre aspectos básicos que son necesarios definir antes de alcanzar un gran pacto. “No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco”, ha recalcado.

La futura PAC no puede ser un freno al impulso del sector agroalimentario, en el que Andalucía es una potencia. Después de tres años de negociaciones a nivel europeo, alcanzar el consenso nacional en un margen de dos semanas se antoja complicado, sobre todo, sin arrojar luz sobre cuestiones básicas que marcarán el futuro de los agricultores y ganaderos andaluces a diez años vista. En este sentido, el secretario general de Agricultura, Vicente Pérez, considera fundamental contar con estudios de impacto para que los consejeros de las distintas autonomías puedan adoptar una decisión con garantías suficientes en la Conferencia Sectorial prevista en principio para la próxima semana.

En general, desde Andalucía se reclama una mayor definición de los planteamientos esbozados y, al mismo tiempo, se recuerda que el acuerdo alcanzado en Luxemburgo permite aplicar el actual modelo andaluz con un incremento de las medidas ambientales, un modelo basado en la regionalización de las ayudas, como el pago básico a la renta y a los ecoesquemas, y en el sistema de derechos. Estos elementos se consideran esenciales para el reconocimiento de la diversidad de la agricultura andaluza, como han defendido al unísono tanto el conjunto de organizaciones profesionales agrarias como la Junta.

Sector

Tras una primera valoración del documento, el sector agrario andaluz rechaza de manera unánime esta propuesta porque es un cheque en blanco muy perjudicial para Andalucía. Se trata de una propuesta que, a juicio del sector, no refleja las negociaciones previas y todo el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ahora en las numerosas reuniones sectoriales celebradas. En este sentido, consideran que es un documento endeble, que no aporta nada.

Del contenido de esta propuesta de acuerdo, y sin entrar en muchos más detalles, las organizaciones destacan tres puntos fundamentales que hay que negociar y que, según el documento que ha trascendido, pueden ser muy dañinos para la agricultura y la ganadería andaluzas: número de regiones, ecoesquemas y fondos para el desarrollo rural.

Respecto al establecimiento del número de regiones, que diferencia el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta, la propuesta del Ministerio señala una simplificación del modelo actual con un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes. Es decir, el documento propone entre 4 y 20 regiones, cuando ese máximo supone ya una reducción más que importante, del 60%, con respecto al anterior periodo, en el que había 50 regiones. Por tanto, presenta un gran recorte de regiones que perjudicaría gravemente la diversidad productiva andaluza.

Hay que destacar que el sector agrario andaluz lo que reclama es que el Plan Estratégico de la PAC respete las distintas realidades productivas, por lo que el máximo propuesto por el Ministerio es un número ya excesivamente bajo. El margen de negociación es nulo en este aspecto.

No podemos olvidar que la propuesta que plantea el Ministerio establece que una vez que se determinen las regiones, el valor unitario de la ayuda convergerá hasta un 85% de la media, sin contemplar además limitaciones en las pérdidas, tal como estaba hasta ahora, por lo que los profesionales con valores unitarios de ayuda altos sufrirán una descapitalización importante. Un ejemplo puede ser un ganadero tipo de vacuno de leche de Los Pedroches, que como media ha perdido un 24% en 2021 por aplicación del RD de convergencia y que entre 2022 y 2026 perderá, si no se consideran sus características productivas, un 60% de las ayudas que percibe.

El segundo caballo de batalla también es una demanda relacionada con el respeto a diversidad productiva de la comunidad: la definición de los ecoesquemas, que consumirán entre el 23 y el 25% del presupuesto del primer pilar. Estos pagos compensarán a aquellos productores que asuman prácticas en beneficio del medio ambiente y deberían primarse de forma muy similar dentro de cada una de las regiones que se concreten.

Las organizaciones agrarias señalan, asimismo, que la propuesta no determina un reparto de los fondos para desarrollo rural, cuyo presupuesto debería ser acorde a la importancia del complejo agroalimentario andaluz.

Además, las organizaciones agrarias y las cooperativas insisten en que con esta propuesta no solo perdería el sector, sino todos los andaluces. El complejo agroalimentario es un motor socioeconómico fundamental para la región, que dinamiza el medio rural, genera empleo (más del 10%) y riqueza (cifra de negocios supera los 18.000 Mill €), equilibra la balanza comercial (con un saldo positivo cercano a los 6.500 Mill €),  contribuye a la conservación del medio ambiente y fija población al territorio.

En definitiva, la propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico es un papel indefinido y poco fiable de cara a los intereses de la agricultura andaluza, por lo que ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias exigen una propuesta valiente y realista al Ministerio, que fije unos pilares fuertes de cara al próximo periodo, y que refleje todas las realidades productivas sin discriminación alguna. Andalucía no puede perder más.