Nos guste o no, existe un sector amplio de la población catalana que quiere romper con todo aquello que tenga que ver con España y su Gobierno. Las redes sociales son un termómetro que registra las subidas y bajadas de este movimiento independentista que en la última década se ha ido extendiendo como una mancha de aceite por todos los sectores y capas sociales de la sociedad catalana.
Las elecciones del 27-S evidencian que el “procés” sigue adelante reforzado por esa mayoría absoluta en escaños, que no en votos, suficiente para poner en marcha su hoja de ruta hacia la ruptura total con el Estado español. A este complicado escenario se suma la comparecencia de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta del 9-N, un referéndum sin valor legal; y que ha contado con el apoyo de una multitud que pedía la “independencia”.
Una situación similar se vivió hace tres décadas cuando la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra el mismísimo Jordi Pujol, tras la decisión del Banco de España de intervenir Banca Catalana ante el enorme agujero que arrastraba. Aquella decisión fue utilizada hábilmente por el presidente de la Generalitat como una maniobra de Madrid contra Cataluña. Corría el año 1984, Pujol acaba de ganar por mayoría absoluta sus segundas elecciones autonómicas.
El día de su investidura cientos de catalanes se congregaron a las puertas del Palau de la Generalitat al grito de “som una nació”. Los hechos se repiten y su delfín, Artur Mas, siguiendo el ejemplo de su maestro y mentor se ha envuelto en la bandera catalana en una huida hacia adelante, presionado por los casos de corrupción y por una nefasta gestión de gobierno. La maniobra le ha salido redonda para reforzar su liderazgo frente a la Candidatura de Unitat Popular (CUP), formación independentista y anticapitalista, que siempre se ha posicionado a favor de un candidato que nada tenga que ver con políticas de austeridad y recortes. La propia CUP reconoce que en Catalunya hay un 20% de paro, un 50% de paro juvenil. Es la comunidad récord en ejecuciones hipotecarias y desahucios; la deuda actual alcanza hasta el año 2108 y con el Gobierno de Mas se han recortado más de 5.000 millones en políticas sociales.
Ante este escenario, la CUP ha puesto encima de la mesa una hoja de ruta que exige la aceptación de tres puntos: la ruptura democrática, el inicio de un proceso constituyente desde abajo y la elaboración de un plan de choque contra la emergencia social. Con estos planteamientos, la papeleta a la que se enfrentan Mas y CDC es compleja, porque necesitan los votos de este grupo antisistema para su investidura y porque esos planteamientos chocan con su perfil más conservador.
La paradoja es que el partido de Mas ha sido el mayor aliado del nacionalismo español, que representa el PP, en la aplicación de políticas neoliberales y ahora Mas necesita para ser president el apoyo de quien defiende lo contrario.
