La reforma de la ley del aborto planteada por el Partido Popular ha superado el primer trámite parlamentario en el Congreso. Después de muchas idas y venidas, incluida la dimisión de un ministro, el Gobierno de Rajoy ha modificado la ley de despenalización del aborto del ejecutivo socialista, aprobada en 2010, en un aspecto concreto: prohibir el aborto a jóvenes entre 16 y 17 años sin el consentimiento y acompañamiento de sus progenitores. Con esta aprobación lo único que ha hecho el PP es recuperar un debate inexistente en la sociedad y especialmente entre las mujeres, más preocupadas por otros asuntos que sí les afectan en su día a día como la violencia de género, el paro o la privatización de servicios públicos. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos es una cuestión demasiado íntima y personal como para que decidan los demás por uno mismo.

Además, a esta reforma ni siquiera le acompañan los datos. Según un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedió a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38%, no pudieron informar a sus padres. Con respecto al total de mujeres que accede a un aborto, este grupo tan solo representa un 0,44%.  Este mismo estudio asegura que "casi el 90% de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación". En cuanto a las  razones principales por las que una menor no comunica a sus padres la situación, el estudio destaca "el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor."

Estamos de nuevo ante una decisión injusta, clasista y peligrosa: la mayoría de las jóvenes podrá abortar en situación legal y segura, mientras una minoría, las más débiles, quedará desamparada.

Las más vulnerables no podrán elegir, las más protegidas sí podrán hacerlo: la hipocresía de siempre. El aborto es un derecho. Es una decisión dura, pero una decisión nuestra y no del Estado, ni de la jerarquía eclesiástica, ni de los colectivos pro-vida. Ya está bien de cinismo político. Al PP solo le importa los votos; ni compromiso electoral, ni principios morales. Este falso debate rescata del baúl un episodio indecente para un Gobierno indecente que trata de legitimar la pérdida de derechos de las mujeres en vez de apostar por programas y servicios de salud sexual y reproductiva para prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos.