El 28 de marzo, coincidiendo con el 73 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, Quesada abre las puertas del museo que lleva el nombre del poeta alicantino. De esta manera, el legado del escritor que encarna la defensa de los valores democráticos y la libertad se instala de forma definitiva en Jaén, en la tierra natal de su mujer Josefina Manresa, después de que el Ayuntamiento de Elche, gobernado por el PP, declinara la propuesta de la familia. El poeta fue condenado a 30 años de cárcel por pertenecer al Partido Comunista, tras la conmutación de la inicial condena a muerte una vez concluida la contienda española. Sin embargo, no pudo superar las duras condiciones de vida de la prisión de Alicante, falleciendo en 1942.
Su causa es la de ciento de personas que pagaron con su vida la defensa de la legalidad democrática de la II República. Es también la de una generación laminada por la dictadura y por la Transición que suscribió un pacto de silencio sobre la Guerra Civil y la posguerra. No es hasta el año 2007 con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, cuando llega la hora de romper el silencio y recuperar la historia no-oficial, la historia silenciada, la historia de los que perdieron la voz tras perder la guerra. Una ley que nunca ha sido bien vista por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha evitado su aplicación, así como el reconocimiento a las víctimas del franquismo. Se niega a colaborar en la búsqueda de desaparecidos, elaborar un censo de símbolos, permitir la apertura de los archivos de las cárceles, transformar el Valle de los Caídos en un centro de la memoria, recuperar la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura o elaborar un censo de las incautaciones del régimen franquista.
El PP ha cercenado de raíz todo el proceso de recuperación de la memoria histórica eliminando incluso la partida presupuestaria para la localización y exhumación de fosas comunes. Ni siquiera ha atendido la petición del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que recordaba al Estado "que España está obligada por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a “asumir su responsabilidad” y elaborar “una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”. Mientras el Gobierno, con su mayoría en el Parlamento, sigue dilatando en el tiempo una cuestión que mantiene paralizada desde que ganó las elecciones de noviembre de 2011. Ha bloqueado todas las ayudas y apoyo a las víctimas para la recuperación de cuerpos. Y no solo eso. Baltasar Garzón, el único juez en España que se ha atrevido a investigar 30.000 desaparecidos del régimen de Franco, ha sufrido una dura persecución hasta echarle de la carrera judicial. Y todo por su compromiso por reparar las injusticias cometidas después de la Guerra Civil y recuperar la dignidad de los represaliados y sus familias. El escritor Antonio Muñoz Molina acierta a la hora de explicar que "la democracia no solo no hizo justicia: tampoco quiso hacer memoria. Había que actuar como si el fascismo más duradero de Europa no hubiera existido". Aunque a veces a una le da por pensar que en este país aún subsiste tanto en la magistratura como en la clase política formas de pensar próximas al franquismo.
