El primer aforo de la campaña de aceituna hecho público por la Consejería de Agricultura ha traído, como era de esperar, una inyección de optimismo al alicaído sector olivarero. Después de la peor cosecha de los últimos 17 años, la estimación realizada para la ya inminente campaña 2013-14 augura una cosecha récord en la provincia de Jaén, con la cifra histórica de 715.000 toneladas de aceite. De este modo, se confirman las mejores previsiones y se demuestra, una vez más, que el olivo, ese árbol milenario símbolo de paz y de reconciliación, tiene una enorme capacidad para recuperarse y no permite dos fiascos consecutivos. Es demasiado generoso.
El aforo de la campaña olivarera es, sin duda, la mejor noticia que podía tener una provincia con una dependencia, tan elevada como contraproducente, del monocultivo oleícola. Con la mayor parte de los indicadores socioeconómicos por los suelos y unos índices de paro que nos convierten en líderes del país, la provincia de Jaén necesita más que nunca rearmarse con su principal materia prima y con lo que mejor sabe hacer: producir el mejor aceite de oliva del mundo. Y ya se sabe que cuando el sector primario tira del carro, el resto de sectores productivos se benefician directa e indirectamente de ello. El horizonte se atisba mucho más claro, sin duda. Y más aún que lo sería si no fuera porque los precios en origen siguen en los mismos niveles de hace una década y en el sector hay temores a un desplome en los próximos meses por las noticias de una abundante cosecha.
La excelente previsión de cosecha llega también en un momento en el que está a punto de cerrarse la nueva Política Agraria Común (PAC) para los próximos seis años. Un tema en el que sí que hay elementos para la preocupación. Es cierto que, en líneas generales, España, Andalucía y Jaén seguirán recibiendo la mayor parte de las ayudas directas que ahora le corresponden vía derechos históricos. Pero no es menos cierto que si el Ministerio de Agricultura no corrige el modelo de reparto negociado con las comunidades autónomas, Andalucía podría perder unos 400 millones de euros, y Jaén unos 200, por la vía de los fondos de desarrollo rural.
Por tanto, el partido no ha finalizado aún. Andalucía, que es la comunidad con mayor peso agrícola y la que más ayudas comunitarias recibe, va a seguir luchando para que no se pierda ni un euro, algo que se antoja difícil si de lo que se trata es de contentar a todas las regiones.
Además, la PAC ha perdido una excelente oportunidad para meter mano a una de las viejas aspiraciones de los agricultores: poner techo a las ayudas más grandes. Andalucía pedía que ese límite se pusiera en los 100.000 euros por perceptor (la Junta pide destinar la mitad de esos fondos a desarrollo rural), pero finalmente se ha mantenido en 300.000 euros, una cantidad con la que será difícil acabar con el desequilibrio actual en el reparto de los fondos. Ahora, apenas el 1% de los perceptores se llevan el 20% de las subvenciones. Y si se tiene en cuenta que muchos de esos grandes latifundistas ni siquiera tienen obligación de producir, es evidente que existe un problema de deslegitimación social de las ayudas.
