La monarquía se reinstauró en España en 1975 no sin amplios recelos de la sociedad, que veía en la operación una última tentativa de la dictadura de Franco para perpetuarse en el poder. La oportunidad de consolidarse le llegó con la intentona golpista del 23-F, cuando el Rey mantuvo con los militares sublevados  un pulso  considerado decisivo para la resolución favorable de la crisis. Esa fue considerada una reválida para el aún joven monarca, que consiguió unir en el proyecto  constitucional  (y monárquico) a todo el país.

En realidad, la aceptación de la monarquía por la sociedad española había sido el resultado final de un conjunto de de elementos conjugados hábilmente desde el propio poder. La derecha veía en el rey Juan Carlos una fórmula que garantizaba el futuro institucional del país bajo el modelo ya conocido de orden, paz y prosperidad. La izquierda, en cambio, consideraba la figura real un contrapunto de freno para las fuerzas más reaccionarias, en ésa época  mayoritarias,  y consiguientemente la oportunidad de sobrevivir en una escena política  de previsible evolución democrática.

Por su parte, el Rey también ha sabido jugar sus bazas en el objetivo de asentar definitivamente la monarquía, con leves pero indisimulados guiños a los sectores de izquierda, en la convicción de que la derecha ya estaba ganada para la causa. Se trata de maniobras puntuales y oportunistas, no lo suficientemente valoradas por unos ni totalmente decepcionantes para otros, en un juego de equilibrios tan inquietante como calculador.

No por casualidad se acusa a menudo a don Juan Carlos de “borbonear” a su antojo en determinados asuntos, algo que suele traducirse como el abuso de su status de privilegio para sacar adelante iniciativas embarazosas de manea tan brillante como poco ortodoxa. Nadie duda de su habilidad para esos lances, a partir de un carácter extrovertido alejado de la diplomacia artificiosa tradicional. Los dignatarios extranjeros asisten sorprendidos a este tipo de intervenciones reales (“¿Por qué no te callas?”), interpretando como facultad institucional lo que en realidad  no es sino fruto de un carácter osado que no encaja en el modelo de monarquía parlamentaria y ornamental.

El problema surge cuando la conducta personal del monarca, o de  su entorno, produce un efecto perverso en la realidad oficial de la institución, a causa de una débil delimitación de las atribuciones públicas y privadas de la familia real. Si ésta ha alcanzado un alto prestigio y consideración social durante muchos años de gestión acertada, la exposición pública de cuestiones intimas, ahora tan en boga en los medios de comunicación, hace que los errores pongan en serio peligro toda la estructura institucional, incluso los cimientos del Estado. Sólo ahora hemos podido advertir que el edificio ni era lo suficientemente sólido ni estaba lo suficientemente protegido.

Si a todo ello unimos un panorama de crisis económica galopante, que pone en cuestión todos los órganos políticos e institucionales, por la falta de soluciones, a nadie puede sorprender que se exterioricen las debilidades del país y que surjan fuerzas  que reclamen su demolición y la búsqueda de un nuevo modelo.

Si el contrato social amenaza con romperse es porque todos, del primero al último, han contribuido a su destrucción, aunque la chispa detonante nada tenga que ver con la viabilidad del sistema. De ello tenemos abundantes muestras en la historia, aunque nunca queramos aprender de nuestros errores.

Por eso, si a la monarquía le  ha convenido hasta ahora una cierta indefinición de sus funciones,  separar los poderes del Rey de su conducta privada se  vuelve una cuestión inaplazable, aunque ello suponga un cambio de ciclo y de titular en la institución. Así lo aconseja la imposibilidad de transitar a un nuevo escenario con la misma actitud (o personalidad) ante los problemas. Los precedentes siempre supondrían un hándicap insalvable.

No olvidemos que cuando se identifica un sistema con la persona que lo encarna, la debilidad personal transmitirá también debilidad institucional, y los acontecimientos vinculados a la misma, difícilmente podrán reconducirse por la vía de la normalidad legal, dado que todo el sistema habrá entrado en crisis.