Ver para creer. El tranvía de Jaén ha descarrilado antes incluso de su puesta en funcionamiento. El nuevo alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, fue durante la pasada campaña electoral un firme detractor de este medio de transporte y ahora, en coherencia con su postura inicial, ha decidido utilizar este tema como elemento de confrontación con la Junta de Andalucía, que fue quien invirtió los más de 100 millones de euros en esta infraestructura, bandera electoral de la anterior regidora, Carmen Peñalver.
Dice el alcalde jiennense que el Ayuntamiento no puede asumir por sí solo el coste de la explotación del sistema tranviario, cuyo déficit anual ha estimado en unos seis millones de euros. Tampoco puede hacer frente a la amortización anual de los cinco vagones. Puede que no le falte razón. Experiencias en tranvías de otras ciudades andaluzas avalan que, en líneas generales, estamos ante un servicio deficitario. Su beneficio, en todo caso, habría que evaluarlo en términos sociales y medioambientales.
A nadie escapa que el alcalde está preso de su ligereza verbal –llegó a decir que nunca se montaría en el tranvía-, al igual que tampoco se puede ocultar el hecho de que ha visto en el tranvía un filón de primer orden para hacer oposición al Gobierno andaluz y, de paso, allanar el camino de Javier Arenas hacia la presidencia de la Junta. Lo que ocurre es que llegado a este punto pocos serían los ciudadanos que entendieran y asumieran la paralización de una obra de este calado, con una inversión millonaria de la que tanto se adolece por estos lares.
El escenario parece claro, pues. Existe un tranvía que, guste más o menos, ha transformado urbanísticamente el eje norte-sur de la capital y que ahora, por un ejercicio de responsabilidad política y ciudadana, no se puede dejar morir. El alcalde está obligado a desbloquear este conflicto lo antes posible. Está en su derecho de presionar a la Junta para intentar que acceda a cofinanciar su mantenimiento, pero si esta vía fracasa debe seguir explorando otras vías para buscar su viabilidad, aunque tenga que ser a costa de la privatización total o parcial del servicio. Un alcalde no debe responder solo de sus promesas o compromisos electorales, también debe hacerlo del resto de equipamientos que pertenecen a la ciudad.
Es probable que el tranvía haya ayudado a Fernández de Moya a llegar a la alcaldía jiennense, pues parece evidente que es un proyecto con una alta contestación social, pero si persiste en su actitud de confrontación permanente hacia la Junta es posible que los ciudadanos acaben pasándole factura por su incapacidad, y su falta de generosidad, para activar una obra que, como han reconocido en el Ayuntamiento, ya tiene un alto coste estando paralizada. La gresca política no es lo que han pedido los ciudadanos que se pronunciaron el 22-M.
