Finalmente, el Gobierno de Zapatero, por imperativo legal (léase mandato de instancias superiores y para evitar males mayores como ya hemos visto hace unos días con Grecia) no ha tenido más remedio que meter la tijera y anunciar en sede parlamentaria lo que va a ser el primero de los ajustes de cuentas que tiene que llevar a cabo en los próximos meses. O mucho me equivoco o para el verano llegarán nuevos anuncios en la línea del adelantado hoy.
Básicamente y para no cansarles mucho, los recortes que permitirán reducir el déficit nada menos que en 15.000 millones de euros en los próximos años, pasan por suspender la revalorización de las pensiones en 2011, eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial, suprimir el 'cheque bebe' a partir de 2011, bajar el sueldo un 15% a los miembros del Gobierno (y previsiblemente a todo el arco parlamentario), reducir gastos de farmacia por una revisión de los precios, no más de 6 meses de retroactividad a las solicitudes de dependencia y una rebaja del 5% (gradual) en los sueldos de los funcionarios a partir de junio y congelación a partir de 2011.
A un Gobierno de marcado carácter social como ha defendido Zapatero desde su llegada a la presidencia no le ha quedado más remedio que envainársela porque al final se ha convencido de que no quedaba más remedio que aplicar el bisturí para una operación con anestesia parcial antes que entrar en la UVI y precisar de la anestesia general (Grecia) para poder reanimar al paciente.
Zapatero se ha dejado en el camino buena parte de su doctrina social de los últimos años y ha ajustado cuenta tocando sectores como el funcionariado (no puede decirse que integre vocacionalmente su parroquia electoral), el de los mayores (que sí puede decirse que integran buena parte de su electorado) y el de las embarazadas. Esto, de momento. Consciente de que más adelante tiene que haber más, ha preferido empezar por unos sectores a los que cuesta sangre y sudor sacar a la calle. Uno acomodado en el ‘sueldo para toda la vida’, y otro, con demasiados achaques para echarse al monte.
Pero el presidente es consciente de que las medidas anunciadas hoy tienen que ir, irremediablemente, acompañadas de otras que no pueden esperar demasiado. El Gobierno sabe que si retira 15.000 millones de euros del mercado la primera consecuencia será un retraimiento del consumo y por ende, más paro. Meterle el diente a la reforma laboral (empantanada desde hace dos años), acometer una reforma fiscal (en la que incluye la subida de impuestos) que le permita hacer caja y de alguna forma trasladar que los ricos van a pagar más, sabe que son imprescindibles para que el sector privado empiece a salir de la inanición en que se encuentra y comience la creación de empleo. El coste de estas medidas no es otro que la huelga general, pero sus antecesores ya tuvieron que hacer frente a la bicha y se sobrepusieron. Lo que no parece de recibo es que en los ajustes de cuentas siempre paguen los mismos y otros se vayan de rositas.
